La mayor obra del gobierno bajo sospechas y presiones políticas

La mayor obra del gobierno bajo sospechas y presiones políticas

Apuran a la Dinama porque una demora puede obligar a renegociar el contrato

• © GDF SUEZ

Este es el barco regasificadora que ofreció GDF Suez

+ - 15.10.2013, 05:00 hs - ACTUALIZADO 13:29Texto: -A / A+

La mayor obra energética de la historia del país avanza entre presiones y sospechas, mientras una demora en la aprobación ambiental puede complicar definitivamente el negocio. La inversión de US$ 1.145 millones para instalar una planta regasificadora es tan importante como entreverado el proceso previo de su construcción.

Presiones a las autoridades encargadas de controlar los impactos medioambientales y a los jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) responsables de firmar garantías del Estado para que los privados concreten su participación y luego obtengan la financiación que no tienen sin ese jugoso aval.

Sospechas que parten desde los vecinos de Puntas de Sayago, la zona del oeste de Montevideo cercana a donde se instalará la planta, y del ámbito público y privado, por el enredo del origen y el respaldo de los inversores extranjeros.

Si antes del 30 de octubre de este año la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) no otorga la Autorización Ambiental Previa (AAP), el emprendimiento se complica, ya que deberán sentarse a discutir otra vez los plazos de la obra, el precio y los contratos con proveedores, según establece el contrato con GDF-Suez para la construcción de la planta en Puntas de Sayago. Un ejemplo: existe un acuerdo con una empresa brasileña especializada para realizar la obra civil. En caso de tener que renegociar el contrato, no solo cambiaría el precio y el plazo, sino que además puede no tener disponibilidad. Además, si por algún motivo la Dinama no autoriza la obra, el Estado se compromete a reembolsar costos en los que GDF-Suez haya incurrido y tenga documentados, como estudios técnicos, hasta un máximo de US$ 20 millones.

El acuerdo fue firmado por una sociedad uruguaya creada para tal caso, Gas Sayago (90% de UTE y 10% de ANCAP), pero en realidad no fue con Gaz de France-Suez, sino por GNL Montevideo, que responde a GDF Suez Latin America Participacoes Limitada, según dice un informe de la Asesoría Técnica de UTE fechado a mediados de setiembre. Esa compañía fue establecida en España, informó el semanario Brecha, para evitar la doble tributación con Uruguay. Pero de todos modos, GDF-Suez no compromete su patrimonio para la construcción de la regasificadora. Eso generó inquietud en ámbitos empresariales. De hecho, los empresarios salieron a financiar el proyecto recién luego de tener la garantía. Buscarán recursos, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El plazo contractual previsto inicialmente era de 20 años, con opción para Gas Sayago de una prórroga de cinco años. Sin embargo, tras las arduas negociaciones entre las partes, GDF-Suez logró reducir a 15 años el contrato “sin opción a prorroga”. La planta tendrá un exceso de producción con respecto a las necesidades de Uruguay. De los 10 millones de metros cúbicos de gas a procesar, el país proyecta consumir 4 millones, y el resto quedará para vender a Argentina, aunque sin contrato firmado.

Además de las presiones ejercidas sobre el director de la Dinama, Jorge Rucks –ya blanqueadas por el jerarca en declaraciones a El País–, existieron otras sobre el MEF. Según pudo saber El Observador en base a fuentes empresariales, una delegación del Ministerio de Industrias llegó semanas atrás a la sede de la cartera en la calle Colonia para obtener la firma del ministro Fernando Lorenzo de la garantía soberana del Estado para el proyecto. Esa versión indica que el titular de Economía no comprendió la solicitud, por lo que debió comunicarse con Presidencia para corroborar. Ese día intervino el número 3 del MEF, Pedro Apezteguía.

En el acto de firma del contrato, el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, consideró la obra como un “hito”. El semanario Brecha, por su parte, consideró que el “esquema” de negocio y el “intríngulis” de las garantías lo hace parecido al caso “de Pluna”.

Noticia extraída de “el observador digital”

Mi opinión

Pobre país, donde quedaron las ideales de Artigas tantas veces  defendidos por muchos de los políticos que hoy  están “entregando  el rico patrimonio de los uruguayos bajo el vil precio de la necesidad”. Han tenido la caradura de decir  que Montes del Plata está bajo el estricto control de la Dinama cuando ni siquiera el Gobierno tiene el poder para controlar (y tampoco le importa) una multinacional que mueve miles de millones de dólares. La Dinama “está pintada” “no existe”, ha perdido credibilidad por obedecer a los intereses políticos (que a su vez obedecen a intereses económicos), y lo van a poder comprobar antes del 30 de octubre cuando otorgue la Autorización Ambiental Previa (AAP) aún sin contar con las garantías necesarias.